REFORMAR LOS SISTEMA DE PENSIONES ES URGENTE.
UN 60% DE LA POBLACIÓN OCUPADA NO TIENE COBERTURA PARA SU VEJEZ.
Ricardo Caballero de la Rosa
En el mundo, pero particularmente en aquellos países con profunda desigualdad como México, los sistemas tanto de salud como pensionarios están enfrentado cada vez más presiones debido a factores como envejecimiento de la población, mayor prevalencia de enfermedades crónico degenerativas e insostenibilidad de sus sistemas de pensiones.
En el caso de los sistemas de pensiones, según estudios efectuados por la OCDE, es preciso actuar de manera contundente a fin de reformarlos y evitar que éstos generen un problema aún más grave. Al respecto, José Ángel Gurría, en su más reciente vista al país, manifestó que se corre el riesgo de tener un país de "viejos pobres" y que no sólo se trata de aumentar la edad de jubilación y el número de años de trabajo, sino de tomar en cuenta la expectativa de vida a fin de dar sostenibilidad al sistema.
Habría que atender de manera integral la situación por la atraviesan los sistemas de pensiones y, de manera prioritaria, reducir el impacto de la informalidad, ya que hay, en números redondos, un 60% de la población ocupada que carece de algún tipo de cobertura para su vejez, lo que acrecienta los niveles de desigualdad y pobreza. Además está el tema de las contribuciones, en el que se aporta apenas el 6.5% en México, cifra que no es ni la mitad del 18% que se debería contribuir para tener un mayor beneficio.
Otro factor es poner atención a la variable fiscal y trabajar en una reforma profunda del sistema hacendario actual, puesto que México tiene una estructura tributaria débil y reducida y se hace necesario elevar los ingresos tributarios, sobre todo en este momento de estancamiento y menor inversión, aunque existe, paradójicamente, un clima de estabilidad y baja inflación, como lo informó el INEGI al dar a conocer que en el cierre de 2019 ésta se ubicó en 2.83% anual, su mejor nivel desde 2015 y la segunda menor de que se tiene registro.
El problema radica en que los principales sistemas de pensiones fueron reformados para transformarse de esquemas de beneficio definido (BD) a cuentas individuales de contribución definida (CD). Las reformas incluyeron a trabajadores del sector privado (Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS), a empleados del gobierno federal (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE) y a algunas otras agencias gubernamentales.
Las reformas tuvieron como fin el mitigar los pasivos crecientes del sistema de BD, en función de las promesas de pensiones y las tasas de contribución al sistema. Pero el ajuste fiscal esperado se ha venido posponiendo debido a que, por un lado, se permite que los trabajadores de transición puedan elegir entre jubilarse con pensiones determinadas por la vieja fórmula de BD o con la acumulación de recursos en sus
cuentas individuales bajo CD; y por otro lado, las tasas de contribución del nuevo sistema de CD siguen siendo tan bajas como las preexistentes antes de la reforma.
Recuérdese que en 2021 habrá de jubilarse la primera generación que nunca cotizó bajó el antiguo régimen del IMSS, dependiendo sólo de su ahorro en la Afore con una tasa de reemplazo de menos del 30% de su último salario, cuando diversos especialistas indican que al menos debería ser del 75%.
Debe reconocerse que el costo político de una reforma de los sistemas de pensiones es alto, pero precisamente el gobierno de la 4T, si en verdad quiere transformar como es su discurso, podría aprovechar su aún alta popularidad y buscar este valioso objetivo. Sin embargo, habrá que ponderar los beneficios que se buscan para la población porque existen también costos en el corto plazo.
La situación es ya insostenible. Conforme pase el tiempo los costos se elevarán notablemente e implicarán mayores sacrificios, mayores aportaciones por parte de los trabajadores y menores pensiones. Con ello, las expectativas de los trabajadores al final de su vida laboral y sus condiciones de bienestar se deteriorarán.
