Federalismo: Víctima de egoísmos entre Estados y Federación

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    DINAMIZAR EL PACTO FEDERAL Y RENOVAR SU BASE FISCAL.

    Hoy en México el estancamiento económico, que se ha traducido en recortes presupuestales para estados y municipios tanto en participaciones como en aportaciones, el gradual reforzamiento de las tendencias centralistas y concentradoras, así como la caída en la recaudación fiscal, han provocado entre otros factores el renacimiento de egoísmos y disputas entre entidades federativas y municipios con respecto al gobierno federal.

    El problema actual del federalismo no es simplemente por el reparto de recursos y la asunción de posiciones frente a los problemas locales, sino un fenómeno más profundo que tiene que ver con las diversas formas que éste asume en las diferentes materias que comprende (como salud, educación, desarrollo social, seguridad pública, recaudación de ingresos, programación del gasto), con las facultades y competencias de estados y municipios en esos rubros, así como con la manera más eficaz de financiarlas, en el marco de la disminución de la desigualdad y la asimetría regional.     

    Debe reconocerse que el México contemporáneo es otro en comparación con el de hace un año. Las prioridades están puestas en otros aspectos, son otras las ideas que presiden y moldean esas prioridades y es distinta la ruta que se avizora para avanzar en el cumplimiento de los objetivos nacionales trazados por nuestra Carta Magna. Pero también debe asumirse que son nuevos y más violentos los escenarios de ilegalidad y confrontación que se abren con este cambio, inéditos los reveses que el poder público ha sufrido en manos de las fuerzas de la delincuencia organizada y débiles los intentos de someter a esas fuerzas. Sólo se les “gestiona con abrazos”.

    La deuda social se llama ahora desconfianza y, con ella, falta de creencia en las instituciones, como en el federalismo, que se han visto desgastas y violentadas por el propio poder centralista del gobierno federal; falta de inversión que atempera el potencial del desarrollo; carencia de esperanza en las instancias productivas y en las maneras de hacer frente desde lo local a los problemas públicos cotidianos.

    Con esta pérdida de la fe pública y de la efectividad de las soluciones gubernamentales que llevan al desgaste de nuestro estilo de ser y hacer autoridad y, con ésta, a la erosión de los mecanismos para proteger y garantizar la vida cotidiana en paz y civilidad de ciudadanos y personas, la institución del federalismo vive una crisis de raíz, la cual se expresa en la obsolescencia de nuestro pacto fiscal actual.

    El sistema nacional de coordinación fiscal consta actualmente de dos grandes apartados principales operativos: por un lado, el de la coordinación en materia de ingresos, que permite resarcir a las entidades federativas los recursos que dejaron de percibir al incorporarse al propio sistema de coordinación fiscal, a través del pago de participaciones; por otro lado, la coordinación en materia de gasto, mediante las aportaciones federales en aquellos rubros definidos por la legislación correspondiente. Existen además ciertos mecanismos de coordinación en materia de deuda pública. 

    Este sistema está en crisis. Las participaciones han dejado de cumplir su propósito que es servir de base para el desarrollo local, regional y nacional, así como favorecer un orden regional menos desigual y servir al sostenimiento para la puesta en práctica de soluciones a los problemas públicos. Las aportaciones no son ya un ejercicio de descentralización profunda y de mayor capacidad de gasto y autoridad para estados y municipios, tal y como fueron concebidas originalmente, sino un conjunto de dádivas federales que buscan llegar afanosamente a mercados de votantes.

    Se requiere, en consecuencia, en nuestra opinión, la puesta en práctica de dos medidas de transformación: i) por una parte, la renovación del pacto federal en su conjunto, para darle viabilidad a las soluciones locales sin menoscabar su sano financiamiento y en todas las materias coordinadas y de potestad concurrente y coincidente; ii) por otra parte, la revisión y rediseño institucional y operativo del sistema nacional de coordinación fiscal, a partir de la redefinición de capacidades y atribuciones que puedan asumir los entes locales (estatales y municipales) y, en virtud de estas capacidades de gasto para solucionar problemas, lograr que estados y municipios recuperen algunas de sus fuentes de ingreso y se amplíen sus autonomías fiscalizadoras frente a sus contribuyentes.

    En espera de la propuesta federal integral en materia de federalismo fiscal, que podría presentarse hacia 2021, es deseable que ésta incorpore al menos estos dos ingredientes para que pueda abrirse hacia la connotación política y social del federalismo, y basarse en la renovación fiscal de sus bases de financiamiento, de cara a la recuperación del crecimiento, la credibilidad del Estado mexicano y la confianza en las instituciones del país.

    Por: Ricardo Caballero de la Rosa

     

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