GOBIERNOS, EMPRESARIOS Y CONTRIBUYENTES AL CENTRO.
Ricardo Caballero de la Rosa
Enmarcado en la crisis económica y de salud el 2020 está por concluir y, con un programa económico prácticamente aprobado para 2021, el gobierno de la 4T deja entrever que una de sus prioridades fundamentales inmediatas son los recursos, como lo deja sentir el presidente López Obrador con la decisión de recortar el aguinaldo a “los de arriba” de su gobierno y redefinir el dinero de los fideicomisos recientemente cancelados.
Pero también las entidades federativas requieren de más recursos presupuestales en el corto plazo, pues no solo resintieron las consecuencias de la crisis económica sino que debieron gastar de más para atender los efectos de la pandemia.
Por otro lado, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluyó la Consulta del Artículo IV con México, en un contexto altamente preocupante, caracterizado por la pérdida de 12 millones de empleos, muchos del sector informal, por el hecho de que alrededor de 4 millones de personas aún no se han reincorporado al trabajo y por la situación de la pobreza laboral, que pasó del 36% al 48% de la población, con datos a junio. Además, se espera que el PIB disminuya -9% en 2020.
En estas circunstancias delicadas, entre las recomendaciones del FMI está el considerar la ampliación de la base impositiva, aumentar los impuestos locales y reducir las brechas en el IVA, mientras se fortalecen las redes de seguridad social, aspectos que tienen que ver necesariamente con abordar el problema de la informalidad laboral que pesa sobre el desempeño económico nacional.
Así, la astringencia de recursos, las presiones presupuestarias estatales (tanto de los gobernadores que se manifiestan abiertamente en la “alianza federalista” como de aquellos que lo hacen de manera institucional) y las recomendaciones internacionales que urgen a elevar la eficiencia tributaria, son elementos que apuntan a la apertura de un periodo de reforma fiscal, amplio, profundo, que convoque a los gobiernos de las entidades, pero también a los municipios y, fundamentalmente, a los contribuyentes.
En tanto que contribuyentes al gasto público, todos, personas físicas y morales (empresas) tenemos interés de ser beneficiarios del presupuesto gubernamental y recibir bienes y servicios de calidad. Sin embargo, las características actuales del sistema fiscal nacional —basadas en un ente gubernamental (el gobierno federal) que recauda los principales gravámenes de carácter nacional y base amplia, y que asume por ello el costo político de su administración—, impide que los contribuyentes tengamos una percepción clara acerca de qué bienes y servicios recibimos de qué gobierno, el federal, estatal o municipal.
Esta falta de claridad entre los gravámenes que pagamos y los beneficios que recibimos, es decir, entre quien recauda qué gravámenes y quién gasta para ofrecer qué bienes y servicios públicos, dificulta que seamos los contribuyentes (ciudadanos y empresas) los que valoremos qué tipo de sistema fiscal es mejor para el país, en función de qué autoridad resulta mejor para recaudar y mejor para gastar, la local o la federal.
Necesidad de más recursos públicos (federales y estatales), presiones internacionales por mejorar nuestro sistema fiscal y una mejor y más clara relación ingreso-gasto respecto a los contribuyentes-beneficiarios, son los temas que están en el corazón de los debates hacendarios que hemos observado en las últimas semanas.
Hacia el 2021, la confrontación entre autoridades estatales y federales por el presupuesto público, las observaciones internacionales y, de manera esencial, los contribuyentes-beneficiarios (ciudadanos y empresarios), seremos actores de un proceso que irá confluyendo a una reforma fiscal obligada, que quizás se inicie con una recuperada convención nacional hacendaria.
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