Por J. JESÚS LEMUS
Desde hace por lo menos siete años, al interior de las oficinas y juzgados federales de la Ciudad de México, viene operando una red de usura por parte de empleados de mandos superiores del Poder Judicial de la Federación, los que utilizan fondos del propio poder judicial para prestarlos con altos intereses.
MEXICO.- — La corrupción en el Poder Judicial de la Federación, a la que ya ha hecho referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es una mera suposición; no solo se extiende sobre la venta de amparos y sentencias que algunos jueces y magistrados. La corrupción dentro del Poder Judicial también se manifiesta con negocios particulares mediante el uso de fondos públicos.
Desde hace por lo menos siete años, al interior de las oficinas y juzgados federales de la Ciudad de México, viene operando una red de usura por parte de empleados de mandos superiores del Poder Judicial de la Federación, los que utilizan fondos del propio poder judicial para prestarlos con altos intereses.
Con la autorización, o al menos con la omisión del Consejo de la Judicatura Federal –el máximo órgano regulador del Poder Judicial- cientos de empleados del Poder Judicial han sido víctimas de esa red usurera de préstamo de dinero oficial en beneficio económico de algunos funcionarios de elite, entre ellos jueces y magistrados.
Las víctimas de esa red de usura, en su mayoría empleados que reciben los sueldos más bajos de la estructura jerárquica, con ingresos promedio que oscilan entre 12 mil a 16 mil pesos mensuales, (alrededor de 650 dolares) han perdido sus casas, autos y/o predios, y a veces han visto enajenado su salario hasta por décadas, al caer en las redes del entramado que raya en lo criminal y que opera con el consentimiento superior.
Y es que a la mayoría de los trabajadores con bajos salarios dentro del Poder Judicial les resulta casi imposible solventar los altos intereses a los que se ven obligados, luego de triquiñuelas y modificaciones a los pagarés, en donde se aplican intereses de hasta el 300 por ciento.
Este hecho parece pasar inadvertido, lo que apunta a la complicidad del propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de La Nación, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien a su vez es también el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, quien no ha hecho nada por evitar este tipo de negocios dentro del Poder Judicial.
Una red protegida desde lo alto
De acuerdo a una investigación propia, se sabe que desde al menos hace siete años dentro del Poder Judicial de México viene operando una red de préstamo de dinero con la aplicación de altos intereses, en un jugoso negocio que llevan a cabo algunos funcionarios de alto nivel, en donde los fondos a prestar provienen de los propios recursos oficiales.
La cabeza visible de esa red de usura, que fue denunciada por un grupo de empleados afectados del Poder Judicial de la Federación, es Rosario Judith Zárate López, una empleada del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la Ciudad de México, la que opera –según su decir ante los solicitantes de créditos- con el apoyo de su jefe inmediato, el secretario del citado juzgado Javier Espíndola Morquechu.
A su vez, Javier Espíndola Morquechu, según este ha referido en reuniones privadas con los solicitantes de créditos, cuenta con el respaldo de los magistrados de ese Tribunal Colegiado, entre los que se encuentran Ana Maria Serrano Oseguera y Gonzalo Hernández Cervantes, los que al menos tienen pleno conocimiento de la red de préstamo ilegales.
De acuerdo a los testimonios vertidos por los denunciantes de esta red de usura, Rosario Judit Zárate López se apoya también en dos personas ajenas al Tribunal, una de ellas es su hija, Andrea Vanesa Colín Zárate, y la otra es una persona identificada como Felissa Cisneros Vargas.
Tanto Andrea Vanesa Colín como Felisa Cisneros, prestan sus nombres y sus números de cuentas bancarías para que los prestatarios hagan los depósitos de los intereses que se cobran por los créditos otorgados, aunque a veces esos depósitos van a dar a las cuentas de los abogados Juan Felipe Rea Ramírez, Mauricio Pérez Domínguez y Alberto Quiroz Corona.
Estos tres abogados, que son parte del despacho Jurídico Rea, con domicilio en la colonia Doctores de la Ciudad de México, son los litigantes de Rosario Judith Zárate López, la que les otorga poderes amplios de cobranza para que lleven a juicio –a través de la vía mercantil- a los prestatarios, los que en la mayoría de las veces son amenazados para firmar acuerdos de pago por la vía extrajudicial.
El Modus Operandi
La forma en que opera esta red es muy simple, según lo explicó una de las afectadas que pidió la omisión de sus datos oficiales y solo solicitó ser identificada con el nombre de Lucy. De acuerdo a su testimonio, Rosario Judith Zárate López es la que oferta los préstamos personales a las y los trabajadores que detecta con dificultades económicas.
La oferta de los créditos, inicialmente se pacta con intereses promedio a los que marca la banca comercial, que oscilan entre el cuatro y el cinco por ciento sobre el monto de lo prestado. Cuando el prestatario es quien se acerca en busca del crédito, este se ofrece con una tasa de interés que va del siete al ocho por ciento.
Para el otorgamiento de los créditos no existe contrato alguno de por medio, ni documento en donde se especifiquen formalmente las cláusulas de cobro o pago de intereses, ni del total del capital. Toda la negociación es verbal y aparentemente en buenos términos para las dos partes.
Pero el dolo aparece cuando al prestatario, luego de haber pactado el acuerdo del préstamo, se le pide firmar uno o más pagarés en blanco, siempre bajo el argumento de la premura; después, esos pagarés son llenados con cifras impagables, tanto en montos de intereses como del capital prestado. Siempre son cifras por encima de lo acordado.
De esa forma, sin saberlo, el prestatario se encuentra endeudado por encima de su capacidad de pago, pues los pagarés firmados y sellados con su huella digital son después la base de cobros de montos exorbitantes, en los que –a pesar de ser ilegal- los intereses se van sumando al capital.
Deudas impagables
Hay testimonios, como el de Lucy, en donde prestatarios aseguran tener deudas de medio millón de pesos, cuando el crédito solicitado fue de solo 50 mil pesos. Otros afectados por esta red de usura refieren cómo su deuda pasó de un crédito de 70 mil pesos para convertirse en un empréstito de más de 800 mil pesos.
Por situaciones como esas, en donde otros prestatarios refieren que sus deudas de 200 mil pesos pasaron a ser de 12 millones de pesos o de 120 mil para convertirse en adeudos por más de 2 millones de pesos, muchos de los empleados de mandos medios y bajos del Poder Judicial han perdido sus casas, autos y otras propiedades mobiliarias.
Y es que en la mayoría de los casos, cuando las deudas se tornan impagables, es Rosario Judit Zárate López la que conmina a los prestatarios para llegar a un acuerdo extrajudicial. Esos acuerdos se hacen por la vía de la amenaza, asegurando que de llevar el caso a instancias legales los prestatarios pueden perder no solo sus propiedades, sino hasta ver enajenados sus sueldos por décadas.
Y eso es cierto. Cuando un prestatario decide sujetarse a lo que disponga un juez, por lo general termina enajenando su sueldo por años. Al día de hoy se estima que por lo menos una veintena de empleados del Poder Judicial están afectados en sus sueldos por las quitas ordenadas por un juez al término del litigio. Las quitas de sueldos llegan a ser de hasta el 30 por ciento de los salarios percibidos.
La retención de una parte del salario de los trabajadores endeudados con la red de usura del Poder Judicial de la Federación, aparece en los recibos de nómina bajo la clave 210, en el concepto de “Resoluciones Civiles y Mercantiles”
Para lograr que algunos jueces orden la enajenación de una parte del salario de los deudores, la red de usura opera para que los juicios mercantiles queden en poder de los jueces que forman parte de esa red de usura, por lo general dentro de las instancias de los juzgados noveno, décimo tercero, décimo cuarto y décimo primero en materia civil de la Ciudad de México, que siempre terminan fallando a favor de la parte acusadora del cobro.
Una red de grandes dimensiones
De acuerdo a los datos que aporta el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal, al cierre de este trabajo, Rosario Judith Zárate López, la cabeza visible de la red de usura, tenía registrados al menos 59 litigios, en los juzgados del primero al décimo cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, ante los que reclama el pago de los empréstitos realizados.
En tanto que los abogados Juan Felipe Rea Ramírez, Alberto Quiroz Corana y Mauricio Perez Domínguez, los otros miembros de la red de usura dentro del Poder Judicial de la Federación, registran en el record de los mismos juzgados -en donde Rosario Judith Zarate también ha demandado el pago de los empréstitos realizados-, un total de 73 procesos civiles o administrativos en contra de quienes no han podido pagar los leoninos préstamos.
De acuerdo a los denunciantes de esta red de usura, se estima que por lo menos una docena de jueces y magistrados podrían estar coludidos con los promovientes de los préstamos, para usufrutuar los rendimientos económicos, vía intereses, que les genera el manejo a conveniencia de los fondos públicos con que opera el poder judicial.
