URGE UNA REFORMA DEL GASTO Y DE LA TRIBUTACIÓN PARA 2025.
Ricardo Caballero de la Rosa
Las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional han moderado las expectativas sobre el crecimiento del país. En efecto, este organismo recortó por cuarta ocasión consecutiva su pronóstico de crecimiento para México en 2024, el cual pasó de 2.2% estimado en julio a 1.5%.
En su comunicado aseveró que la actividad económica se está desacelerando, a pesar de una orientación fiscal expansiva, debido a las limitaciones vinculantes de capacidad y a una política monetaria restrictiva. Se espera que la restricción monetaria y la desaceleración de la actividad converjan en la meta del 3% fijada por el Banco de México.
Los riesgos para el crecimiento se inclinan a la baja, mientras que los riesgos de inflación se mantienen al alza. Esto significa que un crecimiento más débil de lo esperado en Estados Unidos, un aumento de la aversión al riesgo mundial y los efectos imprevistos de las recientes reformas institucionales podrían hacer que descienda aún más el ritmo de crecimiento.
En su análisis comenta el FMI que se requiere una estrategia fiscal a mediano plazo para reducir los déficits y la deuda, aumentar los ingresos fiscales y crear espacio fiscal para las inversiones en capital humano y físico.
La remodelación en curso de las cadenas globales de valor ofrece a la administración entrante una importante oportunidad para profundizar los ya fuertes vínculos económicos con Estados Unidos. Empero, las recientes reformas judiciales crean importantes incertidumbres sobre la eficacia de la ejecución de los contratos y la previsibilidad del estado de derecho.
En materia fiscal las nuevas autoridades federales habrán de aplicar una relevante consolidación fiscal en 2025, la que debería reducir el déficit a menos del 3% del PIB en el mediano plazo. Esto requerirá de medidas fiscales adicionales que incluyan una reforma tributaria general.
El presupuesto para 2025 debería considerar reducciones del gasto fiscal y revisar los tipos impositivos y los umbrales de tributación, en particular del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Una mayor racionalización del gasto, incluidas las exenciones fiscales, y una mejor administración tributaria contribuirían a este ajuste necesario y ayudarían a reforzar la confianza del mercado.
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