AUMENTO DE INSEGURIDAD OBLIGA A AMLO A RECURRIR A LAS FUERZAS ARMADAS.
Ricardo Caballero de la Rosa
La realidad llegó al ámbito de las políticas públicas del gobierno de la 4T en materia de seguridad. En 2019 la violencia se incrementó como nunca. Durante el primer trimestre de 2020, esta tendencia prosiguió. Entre enero y marzo aumentaron los homicidios y la violencia de género se elevó notablemente.
Según la información publicada por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información acerca de las víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal han mostrado el siguiente comportamiento: 22,092 en enero, 23,984 en febrero y 25,621 en enero de 2020, un aumento de 15.97% durante el período enero-marzo de este año.
En materia de homicidio los datos son: 4,253 en enero, 4,192 en febrero y 4,542 en marzo de 2020, un aumento de 6,79% entre enero-marzo del año en curso.
La información oficial publicada por el gobierno federal por homicidios dolosos al mes de abril de 2020, especificados en el mes de marzo 3,000 homicidios, en febrero 2,766, en enero 2,819 y en diciembre de 2019 un total de 2,885, cifras que muestran un aumento constante en los últimos meses.
En efecto, de acuerdo con estas cifras, tomando como base el mes de abril de 2020 los aumentos fueron: 3.98% con respecto a diciembre de 2019, 6.42% en comparación con enero de 2020 y 8.45% comparado con febrero.
Además, los datos del mes de marzo de 2020 son los segundos más altos de los últimos años, solo superados por los meses de julio de 2018 cuando se registraron 3.098 homicidios dolosos.
Durante el primer trimestre de 2020, en plena emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, este trimestre fue el más violento para las mujeres desde el inicio de la estadística por género, en 2015. Así, de enero a marzo del año en curso 964 mujeres fueron asesinadas en el país: 720 de los casos están clasificados como homicidios dolosos y 244 como feminicidio, según cifras de las fiscalías estatales, compiladas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta es la realidad que despertó al presidente López, la realidad de una violencia en ascenso que lleva más impunidad y la ausencia de autoridad. ¿Cuál ha sido la respuesta? Recuperar, de nueva cuenta, las fuerzas armadas como arma en contra de la violencia e inseguridad que la Guardia Nacional y la estrategia del gobierno de la 4T en la materia, no han frenar.
La estrategia del gobierno federal se plasmó en el Acuerdo publicado el 11 de mayo de 2020, el cual establece en su número primero que “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, durante el tiempo en dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin dicha participación exceda de cinco años contactados desde la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación ".
Con esta decisión, las fuerzas armadas volverán a participar en la materia de seguridad, no solo para contribuir a la esfera de la prevención que tienen su carga las entidades federativas y los municipios, sino también en la esfera de la persecución del delito sobre todo en el caso del alto impacto.
Ya varios analistas han expresado sus preocupaciones; incluso las autoridades en materia de derechos humanos expresaron sus reservas acerca de los aspectos relacionados con los términos de la participación “extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria” que podrían tener la fuerza armada.
Sin embargo, el tema no es menor, pues varias opiniones han señalado, junto con la preocupación de las fuerzas armadas podrían actuar en contra de movimientos sociales y reclamos populares que tanto molestan al poder presidencial, la inconstitucionalidad del Acuerdo publicado.
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