Contracolumna
· EL SIGUIENTE PASO ES LA TIRANÍA
JOSÉ MARTÍNEZ M.
El líder aquél que mandaba al diablo a las instituciones, que se refocilaba poniendo apodos a los expresidentes, que insultaba a los ministros de la corte a los que llamaba “parásitos”, que ninguneaba al Congreso a cuyos legisladores daba un trato de sirvientes, que asumía a la prensa como sus enemigos, que menospreciaba a las mujeres y negaba la ayuda a los niños con cáncer, ahora es el poder de los poderes, no importa que pisotee a las leyes y maltrate la investidura presidencial como un trapeador. Ahora, él es el inquisidor, el verdugo que decide quiénes deben ser echados a la hoguera.
“El Estado soy yo”, como el Rey Sol –Luis XIV de Francia– Obrador con la complicidad de la Suprema Corte se erige como Dios en el poder.
Obrador llegó a Palacio Nacional con la ambición de erigirse en un prócer pero en su ambición se conduce como un charlatán, como un payaso que hace muy bien su papel, pues lo que dice no tiene la menor importancia, como lo hizo en el foro de las Naciones Unidas con sus payadas donde se exhibió como lo que es.
Lo malo es cuando se entromete en asuntos que no son de su incumbencia, cuando no muestra el menor respeto por los otros poderes y las instituciones autónomas, como auto-erigirse en el “guardián” de las elecciones y doblegar a la Corte para saciar su venganza contra los expresidentes.
No importa que Obrador cuente con la fidelidad de cuatro de los once ministros que componen la cabeza del Poder Judicial. Lo que importa es intimidar y sacar raja política.
La Suprema Corte –desde su origen con la Constitución de 1824– ha sido parte del poder político. Hubo un tiempo, incluso, con las reformas a la Constitución de 1857 en que el presidente de la Corte ocupaba la vicepresidencia de la república. Lo malo ahora en nuestros tiempos, es que con Obrador la Constitución ha dejado de ser la norma jurídica.
Está claro que no es una decisión habitual que los ministros desafíen al presidente, por el contrario los integrantes de la Corte generalmente toman sus decisiones con base en cálculos políticos, como ocurrió ahora con la declaración de constitucionalidad de la consulta para enjuiciar a los expresidentes.
Para algunos significa que Obrador doblegó al Poder Judicial y ahora tendrá directa e indirectamente el aval para juzgar a sus antecesores, pues podrá justificar que no está solo en esa aventura.
Ante el acoso presidencial, la ministra Norma Piña fue contundente “mi responsabilidad es no ceder a presiones más allá de las que derivan de mis responsabilidades constitucionales”.
Está claro que la ley no debe ser sometida a consulta.
El jurista Diego Valadés, exprocurador general y exministro de la Corte frente a la “constitucionalidad de la Consulta”, dice que “ahora no todos los presuntos inocentes son iguales. En unos casos hay que preguntárselo al pueblo, en otros no es necesario. No encuentro la base constitucional del criterio que convierte a un instrumento político en requisito de procedencia para la acción penal”.
En efecto, Obrador está construyendo un régimen donde la ley se convierte en el gobierno de las muchedumbres, donde impera la violencia y el desprecio por las leyes. Con la aprobación de la Corte ahora los ciudadanos –en especial las mayorías incultas– tienen el derecho hacer lo que deseen o lo que se propongan. Ya lo vimos primero con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y luego con la construcción del tren maya. Todo resuelto por consultas.
Con la llegada de Obrador al poder hemos visto cómo desde Morena el gobierno echa mano de la movilización de las mayorías incultas para el uso indebido de la fuerza e imponer sus proyectos. Eso que él llama “el pueblo bueno”.
Obrador le tiene bien tomado el pulso a la muchedumbre para imponer un estilo particular de gobernar, no importa que el llamado del tabasqueño no sea racional, pero él sabe apelar a los sentimientos, utilizando el miedo y el nacionalismo, el circo, el linchamiento y la dádiva como formas de ejercer justicia y repartir bienes.
Claro, Obrador atenta contra el Estado democrático. Sin el menor rubor y desvergüenza ha llenado de injurias a los miembros del Poder Judicial. Es un pleito que comenzó en el gobierno de Vicente Fox, cuando en 2005 el tabasqueño fue sometido a un proceso de desafuero para ser juzgado por no obedecer una orden judicial que le ordenaba suspender la construcción de una calle en un terreno que había sido expropiado años antes. El PRD promovió entonces un recurso ante la Corte bajo el argumento de que el desafuero debía decidirse en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (donde el PRD era mayoría) y no en la Cámara de Diputados. La Corte rechazó frenar el proceso de desafuero en la Cámara de Diputados y Obrador aseguró que los ministros actuaban políticamente.
En seguida atacó a los ministros al afirmar que daban “un mal ejemplo” por sus altos salarios. A partir de su arribo al poder nadie podrá ganar más que el presidente. Al final los ministros concedieron.
En 2014, Obrador acudió a la Corte para preguntar si era posible o no, realizar una consulta popular sobre la reforma energética. Los ministros determinaron que en ese momento era improcedente e inconstitucional.
Entonces Obrador los llamó “vulgares corruptos”, por “negar al pueblo su derecho a decidir”.
En diciembre de 2015, cuestionó la designación de dos nuevos ministros (Norma Piña y Javier Laynez) a quienes calificó como “achichincles” de Peña Nieto. Por dichos nombramientos acusó al poder judicial de no ser independiente y ser parte de la Mafia del poder… El Poder Judicial es un apéndice… es un poder sometido", acusó el tabasqueño.
En su pasada campaña presidencial calificó a los ministros como "maiceados y alcahuetes" por actuar bajo “consigna” y de “no resolver nada a favor del pueblo”.
Ante el acoso presidencial, los ministros de la Corte finalmente se mostraron complacientes al declarar constitucional la consulta para juzgar a los expresidentes.
Esta decisión atenta contra el proceso de transición democrática que viene experimentando el país en los últimos 20 años. Es dar un paso atrás a la reforma constitucional de 1994 cuando se determinó que la Corte se convirtiera en el máximo intérprete de la Constitución a través de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y el amparo.
Hoy el presidente vuelve a ser la figura central del sistema político al anular los pesos y contrapesos que atentan contra el espíritu del Constituyente de 1917.
Ahora con Obrador la impartición de justicia queda en manos de la muchedumbre. De continuar la degradación de las instituciones y de las leyes, el siguiente paso es la tiranía.
Mientras tanto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay seis lacayos que denigran al Poder Judicial.
