Rubén Rocha Moya retomó este viernes 21 de agosto sus funciones como gobernador de Sinaloa después de 112 días de licencia. Su regreso ocurre mientras continúan las investigaciones en México y permanecen los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses, además de un escenario de violencia y confrontación política en la entidad.
El mandatario sostuvo que su reincorporación responde al mandato recibido en las urnas y afirmó que continuará gobernando hasta el 31 de octubre de 2027. Rocha aseguró que durante su licencia se puso a disposición de las autoridades mexicanas para responder a los señalamientos formulados en su contra.
La separación temporal ocurrió después de que, el 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusara a Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntos delitos relacionados con narcotráfico, armas y vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa. Rocha ha rechazado categóricamente las imputaciones.
Durante los 112 días de ausencia, Yeraldine Bonilla Valverde quedó al frente del Ejecutivo estatal de manera interina. Rocha compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras las autoridades mexicanas mantuvieron abiertas las investigaciones. Hasta el momento de su regreso no se habían presentado públicamente elementos que derivaran en un proceso penal en México contra el gobernador.
Tras reincorporarse, Rocha se reunió con su gabinete y Bonilla volvió a ocupar la Secretaría General de Gobierno. El mandatario también reiteró su inocencia y sostuvo que no existen elementos de prueba que acrediten su participación en conductas delictivas.
Antecedentes: de la elección de 2021 a la crisis de 2026
Rocha Moya cuenta con una larga trayectoria en la izquierda sinaloense. Fue dirigente estudiantil y sindical, integrante del Movimiento Popular Sinaloense y candidato a gobernador en 1986 y 1998. Años después se incorporó al proyecto de Morena y en 2017 fue coordinador estatal del partido en Sinaloa.
En las elecciones de 2021 obtuvo la gubernatura como candidato de la alianza Morena-Partido Sinaloense y asumió el cargo el 1 de noviembre de ese año. Aquella elección estuvo rodeada de denuncias opositoras sobre hechos de violencia e intervención de grupos criminales. Las impugnaciones no prosperaron y las autoridades electorales confirmaron su triunfo.
La situación política y de seguridad se agravó después de los acontecimientos del 25 de julio de 2024, fecha de la captura en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada y del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda. El episodio abrió nuevos cuestionamientos sobre las circunstancias en que ocurrieron ambos hechos y sobre distintos actores políticos de Sinaloa.
La crisis alcanzó directamente al gobernador en abril de 2026 con las acusaciones estadounidenses. Dos días después, Rocha solicitó licencia al Congreso estatal argumentando que se pondría a disposición de las instituciones mexicanas para esclarecer los señalamientos.
Su retorno, sin embargo, no significa que la controversia esté cerrada. La Secretaría de Gobernación ha señalado que las investigaciones de la FGR continúan abiertas, mientras las acusaciones formuladas en Estados Unidos mantienen una dimensión internacional sobre el caso.
Posturas políticas: Morena toma distancia y la oposición cuestiona el regreso
El retorno de Rocha Moya abrió un nuevo frente político. El gobernador presenta su decisión como el ejercicio de un mandato constitucional y popular, y ha calificado las acusaciones estadounidenses como falsas y motivadas políticamente. También ha planteado el caso en términos de defensa de la soberanía mexicana frente a lo que considera una actuación injerencista desde Estados Unidos.
Morena, partido al que pertenece, tomó distancia de la determinación. La dirigencia nacional informó que no tuvo conocimiento previo de la decisión y calificó el regreso como una determinación personal del gobernador. Al mismo tiempo, señaló que respetará el Estado de derecho, el debido proceso y los resultados de las investigaciones en curso.
Desde la oposición, dirigentes políticos han rechazado la reincorporación de Rocha y cuestionado que vuelva al Ejecutivo estatal mientras persisten las acusaciones en Estados Unidos y las investigaciones relacionadas con su entorno político.
El regreso de Rocha Moya abre así una nueva etapa para Sinaloa. Además del desafío de recuperar gobernabilidad y enfrentar la crisis de seguridad, el mandatario tendrá que administrar un escenario marcado por investigaciones judiciales, presión política interna y la atención de autoridades estadounidenses.
Con poco más de un año por delante antes de concluir constitucionalmente su mandato, previsto para octubre de 2027, la evolución de las investigaciones y la relación de Rocha con el Gobierno federal y con Morena serán factores centrales para definir el cierre de su administración.
