DÉBIL ESTRUCTURA DE INGRESOS EN ENTIDADES FEDERATIVAS

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    HACIA UN FEDERALISMO HACENDARIO RENOVADO.

    Ricardo Caballero de la Rosa

    En varias entregas de estas opiniones semanales hemos insistido en las estructuras hacendarias de los subgobiernos del país (entidades federativas) se han deteriorado en los últimos años como resultado de su escaso poder autónomo, juzgado por la fuente de sus ingresos.

    Esta debilidad la confirmaman varios datos. Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) calculó las leyes de ingresos de las entidades federativas proyectaron la obtención de recursos por un monto de 2 billones 244 mil 643 millones de pesos para 2020.

    De acuerdo con datos del INEGI provenientes del rubro de ingresos brutos a nivel nacional de los gobiernos estatales para 2018, de las estadísticas de las finanzas públicas estatales y municipales, puede despreciar la estructura actual de la hacienda estatal. En materia de ingresos propios (impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, productos y aprovechamientos), los representantes del ingreso representan el 12%.

    El 88% restante corresponde a tres rubros: las participaciones con el 34.8%, las aportaciones federales con el 45.6% y los financiamientos (deuda pública) con el 7.6%. Si sumamos las participaciones y las aportaciones, el resultado es el 80.4% de los ingresos de los estados que reciben el presupuesto federal a través de los ramos 28 (participaciones) y 33 (aportaciones).

    Con base en la estructura anterior, un cálculo aproximado daría como resultado que los recursos propios de los estados son del orden de 269 mil 357 millones y 1 billón 804 mil 693 millones de pesos corresponderían a participaciones y aportaciones para 2020. El financiamiento sería del orden de 170 mil 593 millones de pesos.

    Las transferencias federales en términos absolutos han ido al alza en los últimos 20 años. Entre 1998 y 2018, las transferencias federales hacia las entidades federativas crecieron un 206.1% en términos reales. Han sido dos décadas para fortalecer la dependencia de los gobiernos locales con el gobierno federal. Por otro lado, los ingresos propios de las entidades federativas se han estancado.

    Como se observa, los recursos que el Gobierno federal transfiere a las entidades son los ingresos más importantes de las mismas. No solo se trata de recursos previamente etiquetados para ayudar con seguridad, salud o educación, sino de dinero que se usa como garantía para la contratación de deuda.

    Según el presupuesto de egresos de la federación para 2020, los recursos del Ramo 33 denominados Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, serán de 759 mil 760.2 millones de pesos, monto que representa el 33.8% de los ingresos de los estados. No obstante, según datos del estudio aludido, para ciertas entidades como Guerrero, Oaxaca, Morelos y Chiapas representa más del 50% de sus ingresos. La Ciudad de México es la entidad que más ingresos propios genera, por ese motivo su dependencia a las aportaciones federales es mínima.

    Por otra parte, las previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) equivaldrán a 393 mil 539.3 millones de pesos, cantidad que representa el 51.8% de los recursos totales del Ramo 33.

    De acuerdo con estos datos, el convenio de coordinación fiscal actual géneros fuertes desincentivos a la innovación, la competencia, la responsabilidad fiscal y la autoridad de los gobiernos frente a las necesidades de sus poblaciones, al dependiente de los recursos federales. La autonomía hacendaria es escasa y la alta dependencia de las transferencias y participaciones, combinada con una muy baja recaudación local, trazan un panorama preocupante que exige una revisión de los términos de las transferencias entre los tres órdenes de gobierno.

    Hacen falta de nuevos criterios, nuevas reglas y fórmulas de coordinación distintas para aumentar la autonomía hace las decisiones políticas y vigorizar los espacios locales con fuentes de ingreso revisadas que incrementan la corresponsabilidad fiscal de las entidades federativas. Un federalismo hacendario renovado es la solución.

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