INGRESOS, FUENTES DE INGRESO LOCAL Y EFICIENCIA RECAUDATORIA.
Ricardo Caballero de la Rosa
Uno de los temas centrales de 2021 será el de las finanzas públicas, particularmente su vertiente fiscal coordinada nacional vigente en el país desde 1980. El presidente López Obrador respecto a este tema enfatizó recientemente que es legítimo que gobernadores de la “alianza federalista” estén contra del gobierno federal porque es consustancial a la democracia.
En otra ocasión ya había referido el presidente López que los miembros de dicha alianza federalista presentaran reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, que es el principal ordenamiento que fija los términos por medio de los cuales se establecen los lineamientos operativos hacendarios entre estados y gobierno federal, tanto en materia de ingresos como de gasto y deuda pública.
Este es el contexto fiscal de las elecciones en 15 gobiernos estatales el año entrante. De sus resultados la coordinación fiscal podría tomar dos caminos: o se fortalecen las instancias de decisión de los propios órganos de la coordinación fiscal, regulados por la propia Ley aludida, o se revisan y se crean nuevos órganos y mecanismos con vistas a vigorizar los espacios estatales fiscales para llevar más recursos a los estados y, por ende, a los municipios.
En el primer caso, no habría más recursos inmediatos para estados y municipios al seguir la fórmula de distribución de participaciones actual. Los gobiernos locales compartirían con el gobierno federal la caída real de los ingresos públicos, que podría extenderse durante 2021.
En el segundo caso la situación cambia. Si los gobernadores promueven reformas a la Ley de Coordinación Fiscal podría operar un nuevo reparto de recursos, el que depende de la así definida “recaudación federal participable”, la cual representa el monto total de ingresos con base en el cual se fija un porcentaje que se destina a los estados a través de participaciones.
En este segundo caso, los gobernadores podrían exigir un nuevo intercambio y proponer que el gobierno federal incremente el porcentaje de recursos de la recaudación federal participable respecto al que reciben actualmente. Pero además, podrían solicitar nuevas fuentes de ingreso local para fortalecer sus haciendas.
La decisión está en dar un giro radical y romper lo que se ha dado en llamar el efecto de “suma cero”, es decir, no sólo enterar mediante una fórmula de reparto la misma cantidad de recursos entregada a los estados, sólo actualizada en términos del crecimiento económico, sino adicionar una masa mayor de recursos, que “crezca el pastel” del dinero de la captación fiscal federal, con lo cual crecería el volumen a repartir
a los gobiernos locales. O bien, seguir con los términos vigentes a la fecha y que siga existiendo la astringencia hasta hoy experimentada.
Una oportunidad adicional es abrir para los gobiernos de estados y municipios nuevas esferas de imposición local, a fin de compensar de alguna manera la debilidad de sus haciendas públicas.
Sin embargo, hay un problema que no se ha resuelto del todo, señalado incluso por organismos financieros internacionales como la OCDE, y que consiste en que las actuales esferas de imposición local como el impuesto predial y otros derechos no se han cobrado y presentan severos rezagos, situación que abre un hoyo financiero en las finanzas de los municipios.
En suma, estarán en debate tres temas fundamentales: a) la disputa por un mayor volumen de recursos para los gobiernos locales, b) la apertura de nuevas fuentes de ingreso, adicionales a las existentes, y c) la mayor eficiencia en la recaudación de los fuentes de ingresos actuales que están a disposición de estados y municipios.
Las respuestas se irán dando conforme se llegue a la elección de 2021 y se redibuje el escenario político local, combinándose con las fuerzas estatales aliancistas. Una nueva configuración fiscal coordinada podría desatarse pronto.
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