REFORMAR LOS SISTEMA DE PENSIONES ES URGENTE.

UN 60% DE LA POBLACIÓN OCUPADA NO TIENE COBERTURA PARA SU VEJEZ.

Ricardo Caballero de la Rosa

En el mundo, pero particularmente en aquellos países con profunda desigualdad como México, los sistemas tanto de salud como pensionarios están enfrentado cada vez más presiones debido a factores como envejecimiento de la población, mayor prevalencia de enfermedades crónico degenerativas e insostenibilidad de sus sistemas de pensiones.

En el caso de los sistemas de pensiones, según estudios efectuados por la OCDE, es preciso actuar de manera contundente a fin de reformarlos y evitar que éstos generen un problema aún más grave. Al respecto, José Ángel Gurría, en su más reciente vista al país, manifestó que se corre el riesgo de tener un país de "viejos pobres" y que no sólo se trata de aumentar la edad de jubilación y el número de años de trabajo, sino de tomar en cuenta la expectativa de vida a fin de dar sostenibilidad al sistema.

Habría que atender de manera integral la situación por la atraviesan los sistemas de pensiones y, de manera prioritaria, reducir el impacto de la informalidad, ya que hay, en números redondos, un 60% de la población ocupada que carece de algún tipo de cobertura para su vejez, lo que acrecienta los niveles de desigualdad y pobreza. Además está el tema de las contribuciones, en el que se aporta apenas el 6.5% en México, cifra que no es ni la mitad del 18% que se debería contribuir para tener un mayor beneficio.

Otro factor es poner atención a la variable fiscal y trabajar en una reforma profunda del sistema hacendario actual, puesto que México tiene una estructura tributaria débil y reducida y se hace necesario elevar los ingresos tributarios, sobre todo en este momento de estancamiento y menor inversión, aunque existe, paradójicamente, un clima de estabilidad y baja inflación, como lo informó el INEGI al dar a conocer que en el cierre de 2019 ésta se ubicó en 2.83% anual, su mejor nivel desde 2015 y la segunda menor de que se tiene registro.

El problema radica en que los principales sistemas de pensiones fueron reformados para transformarse de esquemas de beneficio definido (BD) a cuentas individuales de contribución definida (CD). Las reformas incluyeron a trabajadores del sector privado (Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS), a empleados del gobierno federal (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE) y a algunas otras agencias gubernamentales.

Las reformas tuvieron como fin el mitigar los pasivos crecientes del sistema de BD, en función de las promesas de pensiones y las tasas de contribución al sistema. Pero el ajuste fiscal esperado se ha venido posponiendo debido a que, por un lado, se permite que los trabajadores de transición puedan elegir entre jubilarse con pensiones determinadas por la vieja fórmula de BD o con la acumulación de recursos en sus

cuentas individuales bajo CD; y por otro lado, las tasas de contribución del nuevo sistema de CD siguen siendo tan bajas como las preexistentes antes de la reforma.

Recuérdese que en 2021 habrá de jubilarse la primera generación que nunca cotizó bajó el antiguo régimen del IMSS, dependiendo sólo de su ahorro en la Afore con una tasa de reemplazo de menos del 30% de su último salario, cuando diversos especialistas indican que al menos debería ser del 75%.

Debe reconocerse que el costo político de una reforma de los sistemas de pensiones es alto, pero precisamente el gobierno de la 4T, si en verdad quiere transformar como es su discurso, podría aprovechar su aún alta popularidad y buscar este valioso objetivo. Sin embargo, habrá que ponderar los beneficios que se buscan para la población porque existen también costos en el corto plazo.

La situación es ya insostenible. Conforme pase el tiempo los costos se elevarán notablemente e implicarán mayores sacrificios, mayores aportaciones por parte de los trabajadores y menores pensiones. Con ello, las expectativas de los trabajadores al final de su vida laboral y sus condiciones de bienestar se deteriorarán.

Columna de

Héctor Manuel Pérez Cuéllar

SEGURIDAD NACIONAL, PÚBLICA Y CIUDADANA.

Definir la Seguridad; en las Sociedades complejas de nuestro México, no es tarea sencilla si se considera los diversos temas que afectan como puede ser las Políticas Aplicadas, las relaciones Internacionales, el campo de análisis de los expertos en temas de criminología, de Justicia Penal y de Seguridad Pública.

En este escenario; y de reflexiones de la tan mencionada Democracia, la Seguridad se hace presente ante la Seguridad Ciudadana y el desarrollo humano colocando a la Seguridad como un tema de avance en la Democracia.

Si la Seguridad está vinculada al desarrollo humano en el progreso democrático; luego entonces la Seguridad, es una variable dependiente de la calidad Democrática del desarrollo y del bienestar de los mexicanos.

Desde esta óptica; la igualdad social, educativa, de salud, laboral, de equidad de género todos implica un avance importante en la Seguridad entendida como un factor multidimensional.

La Inseguridad; en este concepto multidimensional, posibilita atender las causas y las formas de combatirla, todo Gobierno fija sus metas a cumplir con sus gobernados sus

estrategias deben de ser medibles y certeras aplicaciones con la firme convicción de generar la Paz social y su visión de Estado para una conducta de Legalidad de los ciudadanos.

Sin embargo; para que los Estados tengan resultados favorables es necesario, que cuenten con diagnósticos de Seguridad que contengan una posición precisa de la conceptualización de la noción de la Seguridad.

La simple definición no basta; hace falta una acepción multidimensional que posibilite la identificación de las causales de la Inseguridad, y así presentar acciones de carácter multidimensional que tengan como objetivo prioritario la Seguridad Pública y la Seguridad Ciudadana.

Estos conceptos vertidos; hay que entender que, la falta de Seguridad es una fragilidad del Estado Mexicano en su representación Nacional y en los Estados y Municipios; resolver este tema, es atendiendo el entramado Institucional en su conjunto, nadie puede quedar al margen de ello.

En el ámbito Internacional; México ha participado en diferentes foros de Latinoamérica, pues lo que aquí en materia de Inseguridad afecta, a nuestros hermanos Latinoamericanos también los está afectando por el fenómeno del Narcotráfico y otros delitos de carácter global.

Esta Inseguridad; con carácter latinoamericano, ha generado un sentimiento de temor y de una incompetencia en todas las autoridades que representan al ciudadano, con

efectos subjetivos o sea el sentimiento de inseguridad, y lo objetivo los indicadores de los delitos.

Los logros sociopolíticos; así como los socioeconómicos, basados en un marco de convivencia democrática, social, intersubjetiva es un ideal que se postula como un devenir de paz, de libertades y de bienestar.

Por ello; entonces entender, que la Seguridad Ciudadana es la dimensión ideal como condición de la Seguridad Pública siendo ello la dimensión objetiva.

Es necesario afirmar; que la situación de la Inseguridad, es un fenómeno estructural, y solo se puede entender remitiéndose a las condiciones Socio-Económicas de los Estados de la República.

De ahí; que se considere, que la implementación de Políticas Públicas ajenas a las de inclusión social no tienen sentido, naciendo de esta premisa la aplicación de la mano dura, política contraria a las de prevención y control del delito, solo hay que poner en práctica la fuerza de la Ley.

En este contexto; la problemática de la Inseguridad, requiere un modelo de Estado, que responda a la urgencia de cambios sustantivos que se traduzcan en una reingeniería Institucional, que transforme de fondo las competencias de las corporaciones encargadas de la Seguridad, que sacuda la incongruencia de las élites políticas que soslayan las vulnerabilidades ciudadanas y retrasan la consolidación

democrática de los ciudadanos, condición sustantiva para la Seguridad Ciudadana y la Seguridad Pública.

Es necesario; un nuevo matiz en el Estado, que determine un nuevo saber y un nuevo decir sobre la Seguridad que asegure el bien integral de los ciudadanos; que reafirme que, la seguridad en cuanto bien público es responsabilidad individual y comunitaria, y de competencia estatal que se logra en la eficiencia y efectividad de las Instituciones de Seguridad, medible tanto por sus dimensiones objetivas como por las subjetivas esto es percepción ciudadana.

Las amenazas de los agentes Externos; no se limitan a los del Narcotráfico, comprende las amenazas del Terrorismo Internacional, la protección de nuestras fronteras son pilar fundamental para combatir estos flagelos de corte Internacional, el bienestar humano es prioridad para que este mundo convulsionado no afecte nuestro Territorio dando Seguridad a cada uno de los mexicanos.

Seguir hablando; de cada uno de los conceptos de Seguridad, me llevaría a escribir grandes columnas, pero es necesario que todos fijemos nuestros ojos y mentes; para que los que nos Gobiernan, estén en la mejor disposición e inteligencia para generar Seguridad al ciudadano, siendo prioritario el que los responsables directos, tengan conocimiento de la materia y no solo ensayen, pues en ello está nuestras vidas y las de cada uno de nuestros familiares y amigos.

“La preocupación por el hombre y su Seguridad siempre debe ser el interés principal de todos los esfuerzos”.

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