CASI 55 PERSONAS QUE TRABAJAN DE CADA 100 SON INFORMALES.
Ricardo Caballero de la Rosa
Uno de los problemas estructurales de la economía nacional lo constituye la informalidad, la cual según datos del INEGI de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en enero de 2023 representó 32 millones de personas, cantidad que corresponde a una tasa de informalidad laboral de 54.8% de la población ocupada, porcentaje que resultó ligeramente inferior respecto al del primer mes de 2022.
La informalidad se define como la población que está ocupada pero que laboralmente es vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, y se incluyen a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo, como la que labora en micronegocios no registrados o sector informal y otras modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.
Trabajar en la informalidad significa vivir en un estilo o forma de ganarse la vida fuera del ámbito formal de la economía.
Las personas que trabajan en la informalidad simplemente no se encuentran registradas o, a pesar de estarlo, no pagan impuestos ni contribuciones, aunque en cambio no reciben ningún tipo de seguridad social y están consideradas dentro del rubro de grupos vulnerables.
La informalidad económicamente es perniciosa al distorsionar los mercados y complicar las prácticas de competitividad y productividad. Pero también es peligrosa porque en ella las grupos y organizaciones criminales se encubren y pueden operar clandestinamente.
Transitar de la informalidad hacia la formalidad económica es todo un reto y un cambio estructural relevante para la política económica y para las relaciones entre el Estado y la economía. Implica no solo acciones para inscribir al padrón de contribuyentes a una mayor cantidad de personas, sino programas que permitan transparentar las relaciones entre patrones y asalariados y poner en marcha un conjunto de incentivos (económicos, sociales y políticos) que premien mucho más la formalidad respecto a la informalidad.
Disminuir la informalidad es un desafío para cualquier propuesta o proyecto que busque un mejor México.
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